‘Nosotros no tenemos la culpa, si no venimos, a nuestra familia la agarran”, acusó uno de los pobladores.
Habitantes del municipio de Ángel Albino Corzo, ubicado cerca de la frontera de Chiapas con Guatemala revelaron que grupos criminales los están usando para bloquear los caminos y como ‘escudos’ contra el Ejército.
Tras más de 24 horas de amenazas, bloqueos con zanjas y camiones atravesados, así como retención de militares, a los cuales les cortaron la energía de su campamento, los pobladores encararon en varios puntos del municipio a los elementos castrenses que ingresaron para rescatar a sus compañeros.
En uno de esos puntos, algunos manifestantes aseguraron al Ejército que estaban siendo obligados por sicarios a bloquearlos.
“Es nuestra familia que está en riesgo, nosotros no tenemos la culpa, somos rehenes, y si no venimos, a nuestra familia la agarran”, acusó uno de los pobladores, según quedó registrado en un video de una de las escaramuzas.
Ese municipio presuntamente está dominado por el Cártel de Sinaloa (CDS), que mantiene una disputa en toda la región contra el denominado Cártel de Chiapas y Guatemala, conformado por desertores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
“Nos obligan a venir, nosotros tenemos familia que corre peligro”, dijo otro habitante de la zona ubicada a unos 130 kilómetros de la frontera sur.
Hasta anoche ninguna autoridad civil se había pronunciado sobre estos incidentes, donde también hubo balaceras por el ingreso de militares en esta ciudad de poco más de 31 mil habitantes.
Apenas en julio pasado, cientos de pobladores abandonaron sus hogares en municipios como Motozintla, Amatenango de la Frontera y Comalapa para huir a Guatemala, tras semanas de bloqueos y amenazas por parte de los grupos criminales.
La creciente ola de violencia en la frontera de Chiapas con aquella nación, obligó a decenas de familias chiapanecas a abandonar el país porque temían que sus hijos y jóvenes fueran reclutados por estas bandas criminales.
El problema fue expuesto por Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
La canciller explicó que la situación fue detectada tras la visita de tres cónsules mexicanos a San Andrés Cuilco, del Departamento de Huehuetenango.