Logró puntuación del 100 por ciento en cumplimiento de los 116 criterios evaluados
Yucatán obtuvo el primer lugar nacional en el Índice del Barómetro de Información Presupuestal Estatal (BIPE), que publica el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), al lograr una puntuación del 100 por ciento en cumplimiento de los 116 criterios de la evaluación correspondiente al ejercicio fiscal 2023.
Este estudio busca medir y mejorar la calidad de la información presupuestal en los estados mediante las leyes de ingresos y presupuestos de egresos estatales. Es el segundo año consecutivo en que la entidad alcanza la calificación perfecta, logro que no se había alcanzado previo a esta administración.
En 2017, se recibió el estado con un posicionamiento del 12° lugar; posteriormente, en el 2019, luego de que el gobernador Mauricio Vila Dosal impulsara acciones para fortalecer el presupuesto estatal, se logró un avance al cuarto lugar con una calificación de 99.1 puntos, una de las 3 entidades con mayor avance.
El BIPE integra 116 criterios de evaluación, agrupados en 10 secciones, cada una de las cuales mide una dimensión distinta de las finanzas públicas: Acceso Inicial, Ley de Ingresos, Clasificaciones, Poderes/Dependencias/Organismos, Municipios, Tabuladores y Plazas, Obligaciones Financieras, Recursos federales, Rubros específicos y Criterios.
Asimismo, evalúa la disponibilidad y calidad de la información sobre el ejercicio de los recursos públicos de los 32 poderes ejecutivos estatales, con el propósito de mejorar la calidad del reporte de la información presupuestal, así como impulsar la lucha contra la opacidad en el manejo de los recursos públicos.
Las principales calificadoras financieras del país avalaron la solidez de las finanzas públicas de Yucatán. Este año, HR Ratings aumentó la calificación crediticia de Yucatán de “AA-” a “AA”, incluso considerando en sus análisis el financiamiento de la Ampliación del Puerto de Altura; Moody’s mejoró la perspectiva del estado a Positiva ratificando el perfil crediticio de en “A+”; mientras que Fitch Ratings ratificó la calificación de la calidad crediticia de Yucatán en “A+”.
Yucatán tiene finanzas sanas, reflejo de tres estrategias: ejercer los recursos públicos con austeridad y disciplina; cuidar el nivel de endeudamiento y disminuir las contingencias financieras; e invertir los recursos del presupuesto en acciones que generarán más crecimiento, ingresos y desarrollo equitativo para todo el estado.
El Acuerdo de Austeridad del Gobierno del Estado de Yucatán 2018-2024 sentó las bases de eficiencia y responsabilidad en el uso de los recursos públicos.
Parte de las disposiciones incluyeron la desaparición de las secretarías del Trabajo y Previsión Social, de la Juventud, el Instituto de Museos e Historia de Yucatán, la Junta de Electrificación del estado y el Instituto Estatal para el Combate a la Corrupción, cuyas funciones fueron absorbidas por el Tribunal de Justicia Administrativa y la Vicefiscalía anticorrupción.
Además, se redujo en 20 por ciento el número de funcionarios públicos de confianza; los titulares de las dependencias del gobierno estatal no cuentan con servicio de telefonía celular con cargo al erario, y en total se cancelaron 300 líneas de telefonía celular, 50 por ciento contratadas por el gobierno estatal.
Se eliminó la disposición de vehículos de lujo, y los que se rentaban fueron devueltos. Dejaron de rentarse 500 vehículos, con lo cual se evitó el gasto de 60 millones de pesos al año, y adicionalmente la medida permitió ahorrar 30 millones de pesos en combustibles.
Fue creado el Consejo Consultivo del Presupuesto y Ejercicio del Gasto del Gobierno del Estado, conformado en su mayoría por ciudadanos, y que ya se encuentra contemplado dentro de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado, luego de que el Congreso local aprobara la propuesta de reforma a dicha normativa para garantizar la permanencia de este organismo, enviada por el Poder Ejecutivo, con lo que se abona a fortalecer la transparencia y rendición de cuentas. El IMCO considera la creación de dicho Consejo como una buena práctica nacional.
Por estas y otras medidas de austeridad y disciplina financiera, durante esta administración se han evitado gastos que suman más de mil millones de pesos anuales.
Además, Vila Dosal logró evitar un pago de 740 millones de pesos y recuperó el Hospital de Ticul, obra que quedó inconclusa desde hace más de 10 años; también se redujo la deuda generada por la construcción y operación del Gran Museo del Mundo Maya, con la cual se evita un pago de más de mil 500 millones de pesos.